Comunicado del PFE sobre asesinatos machistas

El 6 de enero un hombre mató a su mujer y a su hija de tres años en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

El 9 de enero en Castillejo de la Cuesta (Sevilla) otro hombre intentó matar a su pareja prendiendo fuego a la habitación donde ella estaba y sujetando con su cuerpo la puerta para que no pudiera salir. Afortunadamente un vecino, alarmado por los gritos de auxilio, entró en la vivienda y rescató a la mujer tras apartar al hombre.

El 12 de enero en el barrio de Vallecas (Madrid) la Policía Nacional acudió a una vivienda donde un hombre amenazaba a gritos con quemar viva a su mujer. Al abrirles la puerta el hombre se abalanzó sobre los policías, armado con un cuchillo e hiriendo a un agente en el cuello y a otro en el tórax. El herido en el cuello disparó al hombre, abatiéndolo en el acto.

Ese mismo día, unas horas más tarde en Puertollano (Ciudad Real) la Policía encontró los cadáveres de un hombre y una mujer en el interior de su domicilio con impactos de bala y una pistola junto al cuerpo de él. Los agentes acudieron a petición de un familiar del hombre, al que no veía desde hacía varios días. Todo indica que el hombre mató a su pareja y se suicidó después.

El 18 de enero en Terrassa (Barcelona) un agente de los Mossos d’Esquadra asesinó a su mujer de un disparo con su arma reglamentaria y se suicidó a continuación.

El 22 de enero un hombre ha matado de una cuchillada a su mujer en Puebla de Almuradiel (Toledo) delante de sus dos hijos de 11 y 14 años.

Salvo en el tercer caso ninguno de los hombres tenía denuncias por maltrato.

En 2019 fueron asesinadas 99 mujeres y 98 en 2018. En 2016 perdieron la vida a manos de varones 105 mujeres y en 2012 el número se elevó a 110. Son cifras reales, que incluyen tanto a parejas y ex parejas del asesino como a parientes o amigas de la asesinada. La contabilidad oficial, que solo reconoce como víctimas a las mujeres que tienen o han tenido una relación afectiva con el asesino, da cifras mucho menores.

A la vista de estos acontecimientos es evidente que la legislación destinada a proteger a las mujeres de la violencia machista no está cumpliendo la que debería ser la principal de sus finalidades: evitar que se asesine a mujeres por el mero hecho de ser mujeres, prevenir el crimen aún no cometido por encima de castigar el crimen ya cometido. Esta es una de las numerosas carencias que tiene la Ley Orgánica 1/2004, conocida popularmente como Ley contra la Violencia de Género, cuya redacción fue atemperada para contentar a todas las tendencias políticas y conseguir así una votación favorable unánime.

Para que la protección a las mujeres sea algo más eficaz de lo que está siendo hasta ahora es precisa una amplia reforma de esa Ley. Es preciso que se reconozca como víctimas de violencia machista a todas las mujeres y no solo a las parejas o ex parejas del asesino. Es preciso que se invierta la carga de la prueba y no sean las víctimas quienes deban demostrar la agresión sufrida, sino que se investigue al agresor en cuanto se produzca la denuncia. Es preciso que se forme adecuadamente a jueces, fiscales, policías y a cualquier funcionario administrativo relacionado con casos de violencia machista y de ese modo se eliminen los prejuicios, menosprecios y toda clase de manifestaciones misóginas habituales en las investigaciones y procesos. Es precisa una dotación económica que permita acoger dignamente a las mujeres obligadas a abandonar el domicilio conyugal, para mantener plantillas de psicólogas y trabajadoras sociales, para proteger a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo y para muchas otras finalidades. Es preciso realizar numerosos y profundos cambios en esta Ley.

Pero si leemos el acuerdo de legislatura firmado por el PSOE y Unidas Podemos y nos fijamos en el epígrafe titulado Lucha contra la violencia machista, comprobaremos la inconsistencia y la imprecisión de lo acordado. La redacción de ese epígrafe está repleta de imprecisas generalidades como “desarrollar todas las medidas pendientes”, “fortalecer el acceso a la justicia”, “reforzar el apoyo a las mujeres que padecen esta violencia” y otras de similar ambigüedad. Y sobre todo, no se menciona ni una sola vez la reforma de la Ley Orgánica 1/2004.

En cuanto a la pornografía, esa escuela de iniciación sexual para jóvenes y adolescentes, que seguramente crea en muchos de ellos ellos la idea de que la violencia es algo normal en las relaciones sexuales, el acuerdo no la menciona más que en unas pocas líneas, limitadas a evitar el consumo infantil de pornografía. Nada se dice de prohibir ni restringir tan degradante práctica.

Si el movimiento feminista no permanece alerta, si no se organiza y moviliza contra los previsibles olvidos, titubeos y dejaciones que anuncia el acuerdo PSOE-Unidas Podemos en materia de violencia machista, la situación de indefensión de las mujeres no será muy diferente de la existente hasta ahora. Exijamos al nuevo Gobierno un comportamiento firme, decidido y contundente contra la violencia machista en todas sus manifestaciones.

Jorge Saura
Coordinador del Área sobre Violencia contra la Mujer del Partido Feminista de España